La Procuraduría General de la Nación advirtió este miércoles sobre los desafíos que persisten en Colombia para garantizar la inclusión real de la población en condición de discapacidad. Indicó que aún existen grandes brechas en temas como el acceso al empleo y la educación.

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Sostuvo que solo el 23,5% de las personas con discapacidad tienen acceso al mercado laboral en el país, mientras que la población general ostenta la cifra de 66,4%, de acuerdo con el Dane.

Señaló, además, que las cifras de acceso a la educación por parte de esta población sigue siendo muy limitado. Apenas 17 de cada 100 personas con discapacidad acceden a la educación superior, refirió la jefa del ente de control.

Otro de los hallazgos que hizo la Procuraduría está relacionado al bajo nivel de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Según datos recientes, al 31 de octubre de 2024, solo el 0,85% de los empleados de planta y el 0,41% de los contratistas del Estado pertenecen a esta población.

“Estas cifras son un llamado urgente a la acción. No podemos hablar de inclusión si millones de personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a oportunidades laborales y educativas. Desde la Procuraduría, estamos firmemente comprometidos a garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad más equitativa”, expresó la Procuradora Margarita Cabello Blanco.

Avances destacados

La alta funcionaria sostuvo que la Procuraduría ha liderado diversas estrategias para cerrar estas brechas, entre ellas 1.402 acciones judiciales y 90 preventivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en 2024, que incluyeron visitas a Entidades Promotoras de salud, EPS, procesos de adjudicación de apoyos y revisión de sentencias de interdicción.

Indicó que la entidad también lanzó un nuevo protocolo que asegura atención inclusiva y accesible en todas sus sedes, capacitó a funcionarios y ciudadanos sobre la normativa que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad y adaptó el contenido de esas normas al sistema Braille, formatos de macrotipo y lengua de señas, facilitando su acceso para la población con discapacidad visual y auditiva.

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“La Procuraduría ha exhortado al Gobierno a reglamentar la Ley 2418 de 2024, que establece que el 7% de los empleos en el sector público deben ser ocupados por personas con discapacidad. Esta reglamentación es vital para garantizar que el Estado cumpla con su deber de ser un ejemplo de inclusión”, añadió la Procuradora.

Durante el evento de conmemoración, que incluyó la feria de emprendimiento “Arte sin barreras” y espacios de reflexión con expertos y personas con discapacidad, Cabello se comprometió a continuar trabajando por la inclusión y la garantía de derechos de esta población.

“Sabemos que el camino es largo, pero no descansaremos hasta que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad de condiciones y oportunidades. La Procuraduría seguirá liderando estas iniciativas y acompañando a quienes más lo necesitan”, concluyó la Procuradora General.